Los responsables de los anexos para el tratamiento contra las adicciones que operan de manera irregular en Puebla podrían alcanzar sanciones de hasta cuatro años de prisión y multas de hasta 19 mil 244 pesos.
Ello, de acuerdo con una iniciativa que se va a votar en el pleno del Congreso.
Se trata de una reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla que fue aprobada este miércoles en una sesión de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, así como de Salud.
Tras la aprobación en esos grupos de trabajo, se prevé que se enliste en la próxima sesión ordinaria que está programada para mañana jueves 8 de diciembre.
La iniciativa había sido presentada hace unas semanas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta en respuesta a los decesos que han ocurrido este año al interior de estos anexos en la entidad.
El más reciente ocurrió apenas el 29 de octubre cuando un joven de nombre Alan perdió la vida mientras intentaba escapar de un anexo en Amozoc.
La reforma prevé de uno a cuatro años de prisión, así como multas de 50 a 200 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), que en 2022 representan de 4 mil 812 19 mil 244 pesos.
Para validar su autorización, los dueños de los anexos deberán solicitar su registro ante la Comisón Nacional Contra las Adicciones, a fin de que se cumplan las normas previstas para el tratamiento.
Al discutir la reforma, los diputados destacaron que en los anexos de Puebla se han observado delitos relacionados con la falta de preparación del personal y que además de imponer sanciones se debe fortalecer la prevención.
La falta de permisos también se sancionara en centros que atienden la salud mental, de acuerdo con la iniciativa de Barbosa Huerta aprobada en comisiones.
