El 2022 transcurrió en San Pedro Cholula sin que la administración de la presidenta municipal Paola Angón Silva hubiera sancionado a algún servidor público, según datos de transparencia.
Esta falta de actividad resalta tras la resolución emitida este 2023 que busca la suspensión o revocación de mandato de la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Pérez Fregoso, por haber ocupado dos cargos al mismo tiempo, el de representante en el Cabildo y un puesto administrativo.
Ante esta investigación y el dictamen de la Contraloría, diputados de diferentes fuerzas políticas acusaron de violencia política de género a la alcaldesa, pues consideraron que este proceso administrativo fue un acto de revanchismo ante las constantes críticas de la regidora a su gestión.
A esas acusaciones, la presidenta municipal emanada del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que el procedimiento se hizo en apego a derecho y sin que hubiera intereses personales de por medio.
Luego de la resolución del gobierno Choluteca, el Congreso del estado la turnó a comisiones para analizar la suspensión o revocación de mandato de la regidora.
De acuerdo con las obligaciones de ley reportadas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), durante todo el 2022 no se notificó alguna otra resolución sobre sanciones a servidores públicos.
Esto también contrasta con lo realizado en años previos por su antecesor Alberto Arriaga Lila, emanado de una coalición del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En 2019, por ejemplo, en su gobierno reportaron 10 sanciones administrativas a un enlace administrativo, una panteonera, el entonces síndico, un director y seis regidores.
En 2020 hubo cuatro amonestaciones privadas más, de entre las que destacan sanciones a policías y a un cajero.
En los nueve meses que gobernó Arriaga Lila en 2021, se sumaron otras dos amonestaciones privadas a un auxiliar administrativo y a un encargado de las guardias ciudadanas.
Además de la PNT se revisó lo referente a la Contraloría en el Primer Informe de Gobierno de Paola Angón Silva, donde tampoco se da cuenta de servidores públicos sancionados.
El documento, por el contrario, sí menciona que se atendieron quejas de 144 ciudadanos, se modernizaron los procesos de denuncia y que se trabajó en un proyecto para fomentar la ética entre los trabajadores.
