El estado de Puebla sumó un año más sin que el Congreso local concrete la despenalización del aborto.
Esto, a pesar de que en 2022 hubo tres iniciativas en la materia, de que en octubre activistas defensoras ganaron un amparo contra la criminalización de la interrupción legal del embarazo y de que la llamada ola verde sobre el reconocimiento del derecho a decidir creció en el país.
En septiembre, incluso, se cumplió un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es inconstitucional la penalización del aborto.
Además, en 2022 se logró la despenalización del aborto en ocho entidades federativas, con la incorporación de Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur.
Las entidades que lo hicieron previamente fueron la Ciudad de México, pionera en 2007; Oaxaca en 2019; así como Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Colima que se incorporaron a la lista en 2021.
En varias de esas aprobaciones, las reformas se concretaron con el voto de la mayoría de diputados del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados de otros partidos en los congresos.
Esto último contrasta con la actual legislatura en Puebla donde no se avanza en el tema aunque 17 de 42 diputados son de la bancada morenista, cinco más del Partido del Trabajo (PT) y una posición es del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Si bien las tres iniciativas fueron presentadas por diputados de dos de esas fuerzas políticas, no han pasado del análisis en comisiones y en la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Fue a finales de enero cuando los diputados de Morena, Angélica Cervantes González, Daniela Mier Bañuelos, Carlos Evangelista Aniceto e Iván Herrera Villagómez presentaron una primera iniciativa que sigue en la congeladora.
En noviembre los mismos legisladores y su compañera morenista, Yolanda Gámez Mendoza, presentaron una segunda propuesta que tiene el mismo objetivo de despenalizar el aborto.
Entre una y otra iniciativa, la diputada del PT, Mónica Silva Ruiz, entregó una iniciativa con reformas para que la analizaran los coordinadores de bancadas y representantes parlamentarios en la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
En el contexto de estas iniciativas, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta expuso que era un tema que debería evaluarse en el contexto social, mientras que el entonces presidente de la junta argumentó que no había consensos entre diputados.
Grupos feministas pidieron reconocer los antecedentes de la SCJN y recordaron que en la anterior legislatura el tema ya había sido discutido en un esquema de parlamento abierto.
Mientras que las tres iniciativas están en espera, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Oswaldo Jiménez López, generó polémica al presentar otra propuesta para defender los derechos de los no nacidos.
