Pide Fundación Jenkins a Barbosa desistir de intentar apropiarse de la UDLAP

Hoy se cumplen 12 semanas de la incursión de la Policía Estatal en el campus de esta institución en San Andrés Cholula

Foto: Agencia Es Imagen para El Universal Puebla
Educación 20/09/2021 12:28 Abel Cuapa Actualizada 12:28

La Fundación Mary Street Jenkins exigió al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, que desista de su intento de apropiarse de manera ilícita del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que afecta a más de 10 mil alumnos.

A través de un comunicado, aseguró que el mandatario local ha instruido la fabricación de varias órdenes de aprehensión sin pruebas, a través del dominio que ejerce sobre jueces estatales.

Recordó que hoy se cumplen 12 semanas de la violenta incursión de la Policía Estatal dentro del campus de la institución para apoderarse “bajo la impune apariencia de una normalidad que vulnera la legalidad y el Estado de Derecho”.

La Fundación subrayó que desde julio se ha evadido el cumplimiento de una suspensión de amparo vigente, otorgada desde el Poder Judicial de la Federación, que obliga la inmediata devolución del campus.

“En estos 85 días, un patronato espurio, impuesto por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, que responde a las órdenes del Gobernador Miguel Barbosa, violentó suspensiones de amparo vigentes para intervenir de forma ilícita en la UDLAP”, añadió en el documento.

En tanto, indicó que con pruebas contundentes, se acreditan violaciones a los Derechos Humanos en detrimento de integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados, entre las que se destacan que tras una exhaustiva investigación, en mayo de 2018 la entonces Procuraduría General de la República acordó el no ejercicio de la acción penal.

La Fiscalía General de la República revocó de manera ilícita esta determinación, evitando que jueces federales conocieran la exoneración alcanzada en 2018, violando los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Estos hechos documentados significan un terrible agravio al Estado de Derecho que ha derivado en un doble juzgamiento con diversas órdenes de aprehensión, viciadas de origen que desconocen la categoría de cosa juzgada y determinada por la propia Fiscalía, hace más de 3 años”, afirmó la Fundación Mary Street Jenkins.

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