En términos generales, el amparo protege solo a quien lo promueve, y a otras personas o instituciones, sin embargo, en el caso del aborto este recurso tiene un matiz diferente.

Ello a partir del amparo que organizaciones obtuvieron en 2022, y que protege incluso a las personas gestantes a las que asesora y al personal médico que participe.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (ODESYR) interpusieron el 18 de febrero de 2022, un juicio de amparo contra la regulación del delito de aborto en el estado de Puebla.

El 14 de octubre de 2022, un juez de distrito estableció que ninguna persona asistida, acompañada o asesorada por GIRE, CAFIS y ODESYR podrá ser criminalizada.

El juez apuntó que los artículos del Código Penal del Estado de Puebla que regulan el aborto autoprocurado y consentido son violatorios de derechos humanos, y que es inconstitucional su prohibición, así como la sanción al personal que brinde apoyo a la mujer o persona con capacidad para gestar, siempre que medie consentimiento.

El 11 de noviembre de 2022 el gobierno de Puebla impugnó la sentencia.

Sin embargo, el 8 de marzo de 2023, en el marco de la conmemoración del 8M, el Tribunal Colegiado informó que el Ejecutivo estatal había presentado y ratificado el desistimiento, por lo que la sentencia de amparo quedó firme.

Bajo este escenario, cualquier persona en Puebla puede acercarse a GIRE, CAFIS y ODESYR a efecto de que la acompañen en el proceso para interrumpir su embarazo.

Y con su acompañamiento y asesoría, no ser criminalizada y el procedimiento, debería ser practicado por la Secretaría de Salud.

La posición de la Secretaría de Salud de Puebla

El 14 de marzo de 2023, el secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García señaló que aún no es notificado de la resolución del juez que obligaría a las instancias de salud públicas a atender a mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

Aceptó que los mandatos judiciales se tienen que cumplir, y precisó que la legislación actual solo permite el aborto en casos de violaciones, cuando las madres está en peligro por cualquier enfermedad o porque el feto presenta malformaciones congénitas.

Sin embargo, dejo en claro que los servicios de salud del estado aún no podrían realizar abortos porque falta la aprobación del Congreso de Puebla para despenalizar la práctica del aborto en la entidad.

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