El sistema educativo mexicano suele verse como un fracaso: estudiantes que no logran los aprendizajes esperados, aspirantes rechazados para ingresar a la universidad, bajos resultados en las pruebas internacionales y generaciones enteras con grandes rezagos educativos, lo que imposibilita el avance gradual esperado. En suma, la educación en México es inequitativa y su calidad resulta insatisfactoria. Pese a que, en el discurso político, se intenta cumplir el propósito de transformar la educación para contribuir al bienestar del país y promover la justicia social, en la realidad cumple con otra agenda, relacionada con la apertura e inserción de México en el mercado global.
Por otro lado, en México, durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 33 millones de personas se encontraban en la informalidad laboral, es decir, sin acceso a seguridad social ni prestaciones básicas. Al mismo tiempo, la estructura del empleo muestra una fuerte concentración en el sector servicios, con alrededor de 27 millones de trabajadores; seguido por el comercio, con 11.9 millones, y la industria manufacturera, con 9.4 millones de personas ocupadas. Esta distribución evidencia que la mayor parte del empleo se concentra en actividades de baja o media productividad, donde predominan condiciones laborales precarias. Además, la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO), indicador del INEGI que mide la proporción de trabajadores con ingresos insuficientes, jornadas excesivas o subocupación, alcanzó en el mismo periodo cerca del 39.6 % de la población ocupada, lo que implica que cuatro de cada diez trabajadores se encuentran en condiciones laborales precarias. Este dato refuerza la idea de que, aunque existe empleo, una parte significativa de este no garantiza bienestar ni estabilidad económica.
Desde esta perspectiva, el llamado “fracaso educativo” no necesariamente puede entenderse como un fallo del sistema en términos absolutos, sino como parte de una lógica funcional: la educación de una población con niveles de escolaridad diferenciados se inserta en un mercado laboral segmentado, caracterizado por alta informalidad, bajos salarios y empleos de baja o media calificación. La escuela, lejos de ser un mecanismo de emancipación, opera como un filtro que organiza el acceso a las oportunidades conforme a una desigualdad que ya existe antes de que el estudiante pise el salón de clases.
¿Es posible romper la correspondencia entre la estructura productiva y el estado actual de la educación del país, o estamos condenados a repetirla y crear un círculo vicioso? Desde la economía del conocimiento es posible encontrar algunas pistas para responder esta pregunta. Enrique Cabrero, estudioso de los sistemas regionales de innovación para las sociedades del conocimiento, identifica con precisión las condiciones que hacen posible que una región transite hacia una economía basada en el conocimiento. No basta con modificar el estado actual de la educación, lograr los aprendizajes esperados o que el estudiantado mexicano adquiera las competencias que las sociedades del conocimiento requieren. Se necesita crear un ecosistema que conecte a empresas, academia y gobierno en lo que la literatura especializada denomina la “triple hélice”. A ello deben sumarse un flujo continuo de ideas, conocimiento y aprendizaje; capital humano altamente calificado; políticas públicas regionales orientadas a la promoción de la innovación; la expansión sostenida del sistema de ciencia y tecnología; y, quizás lo más difícil, una sociedad que se “contagie” de un espíritu innovador y creativo.
Aquí es donde el argumento educativo cobra una nueva dimensión. Si el problema de fondo no es solo la escuela, sino la estructura económica que la moldea, entonces la salida tampoco puede ser únicamente educativa. Invertir en educación de calidad sin transformar simultáneamente la estructura productiva es como mejorar la semilla sin cambiar el suelo: el entorno sigue siendo hostil. Los países que han logrado la transición hacia economías del conocimiento, como Finlandia, Corea del Sur y Singapur, no lo hicieron apostando únicamente por la educación. Lo consiguieron articulando la educación con una política industrial, científica y de innovación coherente. La escuela y la economía se transformaron de manera conjunta.
La pregunta no es si llegarán inversiones, sino qué tipo de capacidades vamos a construir para aprovecharlas. La relocalización de cadenas productivas hacia México, impulsada por la actual reconfiguración geopolítica global, abre una posibilidad de cambio. Sin embargo, si el país se limita a ofrecer mano de obra barata y suelo disponible, el nuevo ciclo productivo reproducirá la misma lógica del pasado: empleos de escaso valor agregado, salarios deprimidos, trabajo precarizado y una educación orientada a producir aquello que ese mercado demanda. Si, en cambio, se apuesta (mediante política pública, inversión y voluntad de articulación entre actores) por construir los sistemas regionales de innovación que Cabrero describe, el resultado podría ser distinto. No se trata de una utopía, sino de decisiones concretas sobre el tipo de economía que queremos construir y, en consecuencia, sobre el tipo de aprendizajes que necesitamos que la escuela produzca. Se trata de invertir el orden tradicional: que la educación mexicana contribuya a configurar la estructura productiva del país para alcanzar mayores niveles de bienestar y justicia social.
