La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que el juez Enrique Romero Razo fue detenido por su probable responsabilidad en delitos cometidos en la procuración y administración de justicia, así como evasión de presos. Tras su captura, el Poder Judicial del Estado respaldó la actuación de la Fiscalía y aseguró que no otorga protección ni privilegios a sus integrantes.
La detención del juez en activo ocurrió el martes 20 de octubre de 2026 a las 12:26 horas, durante un operativo en un domicilio ubicado en la Privada de la 14 Sur número 1507, en la colonia El Ángel, en la ciudad de Puebla.
¿De qué acusan al juez Enrique Romero Razo?
De acuerdo con la Fiscalía, Enrique N., de 58 años, se desempeñaba como juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco cuando presuntamente incurrió en irregularidades relacionadas con un proceso penal.
La investigación señala que, en septiembre de 2024, el entonces juez habría omitido remitir las constancias de un proceso penal al juez de ejecución itinerante en el estado. Esta omisión presuntamente propició que el 18 de septiembre de ese año una persona se fugara de la cárcel de Tecamachalco.
Así fue la detención del juez de Tecamachalco
La FGE detalló que el 20 de octubre agentes investigadores ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la colonia El Ángel.
Durante la intervención, el juez salió del domicilio hacia la vía pública, donde elementos de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción le informaron que existía una orden de aprehensión vigente en su contra y procedieron a detenerlo.
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El mandamiento judicial fue emitido por un juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tecamachalco. La Fiscalía indicó que continuará con las actuaciones legales para determinar la situación jurídica del imputado.
Poder Judicial de Puebla respalda actuación de la FGE
Tras darse a conocer la detención, el Poder Judicial del Estado de Puebla emitió un posicionamiento en el que refrendó su compromiso con la legalidad, la imparcialidad, la transparencia y el respeto al Estado de derecho.
La institución reconoció la actuación de la FGE en la integración de las carpetas de investigación por presuntas conductas irregulares atribuidas al juez.
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También sostuvo que el Consejo de la Judicatura no concede protección ni privilegios a las personas servidoras judiciales ante posibles conductas contrarias a sus obligaciones.
El Poder Judicial manifestó su disposición a colaborar con las autoridades competentes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, y afirmó que permanecerá atento a las determinaciones de la Fiscalía.
En su comunicado, la institución informó que, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el Consejo de la Judicatura emitió 30 determinaciones en materia de responsabilidades administrativas. De ese total, 18 correspondieron a sanciones contra personas servidoras públicas.
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El Poder Judicial señaló que la conducta de un funcionario no define a toda la institución, pero obliga a actuar conforme a la ley y a rendir cuentas.
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