Gobierno de Puebla emite declaración de emergencia para el municipio de V. Carranza

El gobierno del estado de Puebla emitió la declaración oficial por desastre natural para el municipio de Venustiano Carranza.

La cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, y que permitirá destinar recursos financieros y humanos para la atención de los daños ocasionados por los remanentes del huracán Otis.

La declaración suscrita por el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, entró en vigor el 6 de noviembre de 2023 y precisa que se contabilizaron 316 viviendas afectadas por el huracán, en las comunidades de Agua Fría, Centro, Tepoquen, El Calvario, Palmitas, Vicente Guerrero, Tumbadero y Coronel Tito Hernández.

Además, se identificaron daños en la carretera municipal Agua Fría-San José Pueblo Viejo.

Son 313 las viviendas afectadas en V. Carranza por remanentes del huracán Otis

Mediante la declaración por desastre natural, se instruyó a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) asignar los recursos materiales y financieros que sean necesarios para la reparación de viviendas e inmuebles públicos dañados en Venustiano Carranza.

Esto, a partir de que se señala que: “la SPF, con base en los diagnósticos correspondientes, deberá gestionar, asignar o destinar los recursos materiales y financieros para la atención de las viviendas e infraestructuras públicas afectadas, conforme a la normatividad aplicable y sin perjuicio de las atribuciones conferidas a las demás dependencias y entidades que conforman el Sistema Estatal de Protección Civil”.

Se pondera que esa disposición será aplicable para el resto de dependencias del gabinete estatal.

Asimismo, el Sistema Estatal de Protección Civil podrá solicitar información a todas las autoridades de la entidad, en especial las responsables de los servicios públicos, vitales y estratégicos. Lo anterior deberá ser atendido puntualmente por las distintas dependencias.

Con la declaración por desastre natural se recomendó a las autoridades de Venustiano Carranza suspender las actividades cívicas y escolares en toda la demarcación hasta que no exista certeza sobre el buen estado de los inmuebles.