Escuchar un diagnóstico de cáncer es difícil, pero saber que lo padeces en México, es gravemente desalentador.
Enfrentar una enfermedad como el cáncer, es un proceso sumamente complejo pues afecta múltiples dimensiones de la vida. Por un lado, trastoca el nivel físico por los duros tratamientos que tienen que atravesar las personas diagnosticadas con esta enfermedad que generan, náuseas, pérdida de peso, caída de cabello, dolores crónicos, entre otros indescriptibles síntomas, pero también perjudica el nivel emocional por los duelos que se atraviesan, el miedo a la muerte, la pérdida de lo que se considera una vida “normal”, la pausa del trabajo, escuela, metas y sueños.
La Organización Mundial de la Salud reconoce que el cáncer es la segunda causa de fallecimiento en el mundo, solo detrás de las enfermedades cardiovasculares, afectando al año a 20.6 millones de personas y, según este organismo, para 2050 el número de casos aumentara de manera anual a 35 millones aproximadamente.
Desgraciadamente, a pesar de estas cifras, México no ha realizado los esfuerzos necesarios para combatir este problema de salud pública, por el contrario, es un hecho plenamente conocido que enfrentamos una importante crisis de desabasto de medicamentos, falta de infraestructura y personal, e incluso un reciente recorte presupuestal, generando que las víctimas de esta enfermedad se vean afectadas en sus posibilidades de iniciar, dar seguimiento o concluir de manera oportuna, completa y suficiente su tratamiento para combatir la enfermedad. Tampoco puede dejarse de lado que existen malos tratos por parte del personal de salud, quienes con frecuencia no tratan con dignidad ni humanidad a sus pacientes.
En nuestro país, las personas con cáncer no solo luchan contra la enfermedad, de igual manera enfrentan una dura batalla frente a la indiferencia y el abandono institucional que sufren por parte de las autoridades sanitarias, a menudo, aún con síntomas, tienen que acudir a sus unidades médicas solo para recibir la mala noticia de que no hay medicamento, que una cirugía de urgencia tiene que retrasarse por la falta de médicos o material, o que para realizarse un estudio existe una lista de espera de 2 a 3 meses.
Estos escenarios producen una grave afectación a la economía familiar porque los pacientes se ven obligados a perder los ahorros de su vida, a vender su patrimonio para poder hacerle frente a los costos causados por el diagnóstico, mismos que deberían estar garantizados por el gobierno, lo que se ve agravado si se toma en cuenta que, frente a una enfermedad de este tipo, los ingresos se ven disminuidos por las incapacidades laborales que se generan ya sea por ser quien tiene el diagnóstico, o bien, como persona cuidadora que debe quedarse en casa para atender al familiar enfermo.
Frente a esa angustia, es que muchas personas se ven obligadas a acudir al juicio de amparo. Este mecanismo permite que un juez federal pueda conocer el caso específico y emitir una primera decisión conocida como suspensión de plano en donde le exige a las autoridades la entrega del medicamento o insumo necesario para no poner en riesgo la vida del paciente.
Aunque es una herramienta muy valiosa para que las personas puedan tener garantizado su derecho a la salud, lo cierto es que no es accesible para todos. Una de las principales razones es el desconocimiento, la mayoría de los pacientes no saben que la salud es un derecho y, por tanto, que existe una obligación directa del Estado de poner a su alcance lo necesario para garantizarlo. La segunda, es que, al ser un juicio, requiere de cierto conocimiento técnico por lo que es indispensable la presencia de un profesional en derecho, lo que vuelve a implicar recursos económicos con los que las familias no cuentan. Así, esta solución no resulta suficiente ni alcanzable para todas las personas.
La mortalidad por cáncer se da no solo por la gravedad de la enfermedad, existe todo un problema estructural alrededor: un sistema de salud que ha fracasado en brindar una atención médica constante y completa, la falta de un marco jurídico especializado para atender la vulnerabilidad y reconocer la necesidad de un sistema de cuidados para el enfermo, la ausencia de perspectivas diferenciadas para implementar los ajustes necesarios que reconozcan las condiciones de salud y movilidad de cada persona, así como la simplificación de garantías jurídicas para proteger y materializar este derecho.
Ninguna persona debería afrontar cargas adicionales a las de la propia enfermedad, la salud es un derecho y no un privilegio de aquellos que tienen la posibilidad económica de acceder a él.
