La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió si el gobierno federal intervendrá el penal de San Miguel, en Puebla, ante las denuncias de presuntos actos de corrupción, extorsiones y agresiones contra personas privadas de la libertad. La mandataria señaló que las fuerzas federales podrían brindar apoyo, pero únicamente si existe una solicitud del gobierno estatal.
Durante su conferencia matutina de este jueves 12 de noviembre, Sheinbaum explicó que el centro penitenciario está bajo la administración del gobierno de Puebla y que el gabinete de Seguridad mantiene comunicación con las autoridades locales para conocer la situación y determinar si requieren apoyo federal.
“Es un penal que está bajo la administración del gobierno del estado de Puebla y está en contacto con el Gabinete de Seguridad para poder, si requiere apoyo el Estado de Puebla, poder apoyar en lo que se requiere”, declaró.
Te interesa: Accidentes en la autopista México-Puebla provocan caos vial
¿El gobierno federal intervendrá el penal de San Miguel?
Al ser cuestionada sobre una posible intervención federal para atender las denuncias en el penal de San Miguel, la presidenta aclaró que esta tendría que ser solicitada por el gobierno de Puebla.
Sheinbaum explicó que existen antecedentes de colaboración entre autoridades federales y estatales en otros centros penitenciarios del país. Como ejemplo, mencionó el penal de Sinaloa, donde las fuerzas federales participan de manera permanente en operativos para retirar teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.
“Si es el caso, tiene que ser a solicitud del gobierno del Estado de Puebla”, insistió.
Por el momento, la mandataria no anunció una intervención directa ni informó sobre alguna fecha para realizar operativos en el centro penitenciario poblano.
[Publicidad]
¿Por qué familiares de internos protestaron en el penal de San Miguel?
Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que el martes 10 de noviembre familiares de personas privadas de la libertad realizaron bloqueos simultáneos en ocho puntos de Puebla y la zona metropolitana.
Los inconformes denunciaron presuntas extorsiones, agresiones y actos de corrupción al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla. Entre sus principales exigencias estuvieron la destitución del director del penal, mayor seguridad y el traslado de internos señalados por presuntamente participar en las irregularidades.
Las manifestaciones comenzaron alrededor de las 11:30 horas e incluyeron quema de llantas y colocación de pancartas en vialidades como la autopista México-Puebla, la Vía Atlixcáyotl, el Periférico Ecológico y la carretera Puebla-Atlixco.
[Publicidad]
Alrededor de las 14:30 horas, los familiares retiraron los bloqueos luego de establecer una mesa de diálogo con representantes del gobierno estatal.
¿Qué denuncias existen por extorsiones y corrupción en el penal de San Miguel?
Entre los señalamientos recientes destaca la denuncia de la activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización Reinserta, quien aseguró que internos que presuntamente mantienen el control del penal exigen pagos de entre 30 mil y hasta 100 mil pesos a familiares de otras personas privadas de la libertad para evitar que sean golpeadas.
A través de una publicación en redes sociales, señaló que quienes no entregan el dinero pueden enfrentar represalias contra sus familiares recluidos en el centro penitenciario.
[Publicidad]
También cuestionó las condiciones de seguridad y el presunto autogobierno que, según su denuncia, existe en el penal de San Miguel.
Por otra parte, familiares de internos han señalado presuntas agresiones físicas y exigencias económicas dentro del centro penitenciario, además de solicitar la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad de sus parientes.
¿Qué calificación tiene el penal de San Miguel ante la CNDH?
El Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla también enfrenta cuestionamientos por las condiciones de reclusión.
[Publicidad]
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en octubre, otorgó al penal de San Miguel una calificación de 5.31 sobre 10.
Entre las deficiencias identificadas se encuentran problemas de atención médica, alimentación e higiene, hacinamiento, falta de personal de seguridad y presencia de actividades ilícitas.
El diagnóstico también señaló deficiencias en la prevención de agresiones y violaciones a los derechos humanos, así como problemas en la clasificación de las personas privadas de la libertad y en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias.
[Publicidad]
Armenta anuncia traslado de internos de alta peligrosidad
Ante las protestas y denuncias, el gobernador Alejandro Armenta informó que las autoridades estatales y federales revisarían el funcionamiento del penal de San Miguel.
El mandatario también adelantó que se realizaría el traslado de dos o tres internos considerados de alta peligrosidad a otros centros penitenciarios durante esa misma semana.
Además, aseguró que su administración mantendría abiertas las mesas de diálogo para atender las demandas de los familiares y pidió que quienes se sientan amenazados presenten sus denuncias ante la Secretaría de Gobernación estatal.
[Publicidad]
Por ahora, la posibilidad de una intervención directa de las fuerzas federales en el penal de San Miguel depende de una solicitud formal del gobierno de Puebla.
[Publicidad]
