La Zona W del penal de San Miguel, en Puebla, fue exhibida en un video difundido por la activista Saskia Niño de Rivera, quien denunció las condiciones de hacinamiento y aislamiento en las que permanecerían personas privadas de la libertad. Las imágenes muestran lo que parecen ser celdas subterráneas, con pequeños cubículos y poca iluminación.
A través de su cuenta de X, la fundadora de la organización Reinserta acompañó la grabación con un mensaje en el que señaló que los internos recluidos en esta área no salen a recibir luz del día y permanecen en condiciones que calificó como inhumanas.
De acuerdo con la activista, según información de Telediario, la Zona W cuenta con 16 celdas y sería utilizada como un espacio de castigo para las personas privadas de la libertad que se niegan a pagar las cuotas exigidas por otros internos.
La zona W del penal de San Miguel en Puebla tiene condiciones inhumanas y de hacinamiento. Los internos son recluidos y no salen a ver la luz del día. https://t.co/xcSBErlUDP— Saskia Niño d Rivera Cover (@saskianino) November 12, 2026
Lee más: Familiares de reos del penal de San Miguel ahorcan Puebla tras bloquear 8 puntos
La Zona W es un área subterránea de aislamiento dentro del Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla, conocido como penal de San Miguel. Según la denuncia de Saskia Niño de Rivera, este espacio cuenta con 16 celdas y es utilizado para mantener recluidos a internos que presuntamente incumplen con los pagos de extorsión.
En el video compartido por la activista se observan espacios reducidos, con poca iluminación y condiciones que parecen corresponder a cubículos de aislamiento. Niño de Rivera señaló que las personas enviadas a esta zona permanecen sin salir a ver la luz del día.
La denuncia sobre este espacio se suma a los señalamientos de presuntas agresiones, cobros ilegales y falta de control de las autoridades al interior del centro penitenciario.
En entrevista con Milenio, Saskia Niño de Rivera señaló que presuntamente dos internos mantienen el control del penal de San Miguel y cuentan con un grupo conocido como “Los Talacheros”, cuyos integrantes se encargarían de cobrar cuotas de extorsión a otras personas privadas de la libertad y sus familiares.
La activista sostuvo que estas prácticas no son recientes y que serían realizadas por operadores de un grupo criminal. También denunció que los internos que no cumplen con los pagos enfrentan agresiones físicas y pueden ser enviados a espacios de aislamiento.
En una denuncia anterior, Niño de Rivera señaló que las exigencias económicas van de 30 mil hasta 100 mil pesos para evitar que los familiares recluidos sean golpeados.
Las denuncias sobre extorsiones y agresiones en el penal de San Miguel también fueron motivo de protestas de familiares de personas privadas de la libertad.
El martes 10 de noviembre, los inconformes realizaron bloqueos simultáneos en ocho puntos de Puebla y la zona metropolitana para exigir el cese de los presuntos cobros ilegales, mayor seguridad y la destitución del director del centro penitenciario, Jorge Ortiz Delgadillo.
Entre las vialidades afectadas estuvieron la autopista México-Puebla, la Vía Atlixcáyotl, el Periférico Ecológico y la carretera Puebla-Atlixco. Los manifestantes también solicitaron el traslado de internos señalados por presuntamente participar en las extorsiones.
Alrededor de las 14:30 horas, los familiares retiraron los bloqueos después de establecer una mesa de diálogo con representantes del gobierno estatal.
Tras las manifestaciones, el gobernador Alejandro Armenta anunció que se realizaría una revisión a fondo del penal de San Miguel, además de evaluar el traslado de personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad.
El mandatario adelantó que se contemplaba trasladar a dos o tres internos a otros centros penitenciarios durante esa semana y señaló que continuarían las mesas de diálogo para atender las demandas de los familiares.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el gobierno federal podría apoyar en la situación del penal, pero aclaró que una intervención de las fuerzas federales tendría que ser solicitada por el gobierno de Puebla, debido a que el centro penitenciario está bajo administración estatal.
Las denuncias sobre las condiciones de reclusión en el penal de San Miguel también aparecen en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en octubre.
El documento otorgó al centro penitenciario una calificación de 5.31 sobre 10 y señaló deficiencias en atención médica, alimentación, higiene, hacinamiento y falta de personal de seguridad.
También identificó problemas en la prevención de agresiones y violaciones a los derechos humanos, presencia de actividades ilícitas, clasificación de las personas privadas de la libertad y aplicación de sanciones disciplinarias.