Opinión

Mujeres en la justicia internacional

Sergio García Ramírez

Una buena noticia llega de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: varias mujeres figuran en la actual integración de este Tribunal, electas en 2021 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, y que se desempeñarán a partir de 2022. Aquella Corte se integra con siete juzgadores; hoy día, tres son mujeres. Se ha dado un paso adelante en el equilibrio de género. Destaca de nuevo la presencia de mujeres en un tribunal de máxima importancia para América y particularmente para México. Con plena convicción podemos decir: ¡enhorabuena!

En la primera mitad del siglo XX se forjó una nueva rama del orden jurídico: el Derecho internacional de los derechos humanos. Esa rama es la fuerza jurídica más pujante y renovadora de la era moderna. Hasta el momento de su aparición, el Derecho internacional era un orden jurídico entre los Estados. Hoy día, el ser humano —usted y yo, amigo lector— ocupa un lugar central en el escenario de las relaciones internacionales.

No basta con disponer declaraciones y tratados sobre derechos humanos. Es indispensable contar con órganos dotados de la más elevada autoridad que vigilen la observancia de los derechos por parte de los Estados y libren la batalla que demanda la dignidad del ser humano. En el mismo siglo XX aparecieron esos órganos, cuya autoridad judicial trasciende las fronteras nacionales. Velan por el cumplimiento de los derechos fundamentales en Europa, América y África. Llegará el día en que también Asia figure en lo que he denominado la “navegación universal” por los derechos humanos.

En la Conferencia de Chapultepec, celebrada en 1945, los Estados americanos anunciaron el propósito de contar con normas e instituciones protectoras de aquellos derechos. México hospedó y presidió esa conferencia, y ha participado en varios encuentros internacionales llamados a construir lo que hoy conocemos como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

En 1969 se firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Previno la creación de un tribunal regional para resolver litigios por violaciones a derechos humanos cometidas por los Estados que reconocen esa jurisdicción. Desde 1981, la Convención forma parte del Derecho mexicano. Nuestro país aceptó la competencia contenciosa de la Corte en 1998. Fue un gran paso en la dirección correcta, con buenos resultados crecientes.

Desde el establecimiento de la Corte, la integración de ésta ha sido predominantemente masculina. En los primeros veinte años sólo hubo una jueza: Sonia Picado, costarricense. Posteriormente otras tres mujeres llegaron a esta magistratura. Entre ellas, dos presidieron el Tribunal: las juristas Cecilia Medina Quiroga, chilena, y Elisabeth Odio, costarricense. Me consta personalmente la excelencia de ambas al frente de la Corte, que presidieron con mano firme y notable talento. Honraron su encomienda.

En 2021, la OEA eligió a tres juezas, además de incorporar a un juez varón: Rodrigo Bittencourt, brasileño. Las juristas que inician su desempeño en los primeros días del 2022, son Verónica Gómez, de Argentina; Nancy Hernández, de Costa Rica, y Patricia Pérez Goldberg, de Chile. Cuentan con los méritos personales y profesionales para ejercer la elevada función que se les ha conferido. Esta presencia femenina en el Tribunal interamericano, que saludo con respeto y aprecio, es motivo de profunda satisfacción para los estudiosos y militantes de la causa de los derechos humanos. Será para bien de centenares de millones de pobladores de nuestro continente, que aguardan justicia: se hará, contra viento y marea.
 

Profesor emérito de la UNAM

 

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