Opinión

Nuestros derechos a la salud y a la verdad

Sergio García Ramírez

Aquí he formulado preguntas a funcionarios de la República. Tengo el derecho de hacerlo y ellos el deber de atenderlas. La respuesta ha sido el silencio. Ahora quiero conocer información sobre asuntos relacionados con el derecho a la salud. Supongo que no habrá respuesta. Pero ejerzo mi derecho, aunque los destinatarios de mi consulta no cumplan su deber de respuesta. Ya hay costumbre de estas omisiones o, peor todavía, de invocar la existencia de “otros datos”, sin revelar cuáles son ni someterlos a examen público. Vamos de nuevo.

Desde los primeros días de la pandemia, algunos funcionarios suministraron informes sobre ese mal, su desarrollo y sus consecuencias. Lo que anticiparon acerca del punto culminante de la incidencia de contagios resultó absolutamente inexacto. Tampoco acertaron en la predicción sobre los fallecimientos: dijeron que sería catastrófico llegar a sesenta mil. Hoy, la cifra de defunciones es cinco veces mayor. Naufragaron nuestro derecho a la verdad y a la salud, o acaso los responsables del tema carecieron de los conocimientos o la voluntad para informar con veracidad y prevenir con eficacia.

Voy a otros extremos del mismo tema, que no han recibido —hasta donde tengo conocimiento— suficiente atención por parte de los responsables de proveer información veraz, suficiente y oportuna.

En primer término, muchos ciudadanos desean saber cuál ha sido la eficacia —probada— de las vacunas aplicadas a millones de mexicanos. En los Estados Unidos de América es muy reducido el número de enfermos hospitalizados que habían sido vacunados. Se dice que en México ese número es elevado. ¿Qué nos pueden informar? Si hay una gran diferencia entre las cifras de los Estados Unidos y las de México, ¿cuál es la explicación, fundada y acreditable?

Otro asunto. Con frecuencia se nos informa que tenemos en reserva, en bodega, en depósito o en tránsito, como se quiera decir, millones de vacunas destinadas a mexicanos que las requieren con apremio. Sabemos que puede mediar un tiempo razonable entre el recibo de las vacunas y su aplicación, pero ¿qué explicación existe para justificar la acumulación de vacunas que debieran ser aplicadas con prontitud?

Otro punto. En algunos países se ha iniciado un nuevo ejercicio de vacunación para reforzar la eficacia de estos fármacos una vez satisfecho el esquema completo en el primer ejercicio. ¿Qué se nos puede informar sobre este asunto? Muchas personas han optado por salir de México para conseguir el refuerzo. ¿Por qué debemos viajar para obtener allá lo que debemos recibir aquí? ¿Dónde está el responsable de la salud de los mexicanos: dentro o fuera de México?

Otra cuestión. Se ha difundido la versión —si es falsa, por favor corrijan, señores funcionarios— de que han escaseado las vacunas para prevenir otros padecimientos. En años anteriores hubo vacunas suficientes, a partir de un sistema nacional de vacunación que funcionó con diligencia. ¿Qué ocurre ahora? ¿Hay vacunas para prevenir esos otros padecimientos, o no las hay?

Y algo más: el Estado debe proteger y garantizar con espontaneidad y fluidez los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho al cuidado de la salud. Es inadmisible que aquéllos deban vencer obstáculos recurriendo a procedimientos judiciales para alcanzar la atención que merecen. ¿Por qué ha sido preciso presentar demandas de amparo para recibir la atención a la que tenemos derecho?
 

Profesor emérito de la UNAM

 

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