Los días en la LX legislatura están contados. Sólo quedan dos meses –una sesión ordinaria y quizá una extraordinaria- para que termine su mandato y aún hay 47 iniciativas en el congelador, todas enfocadas en los derechos de las mujeres.

En la lista, explicó la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, están dos reformas para despenalizar el aborto y reconocerlo como un derecho a la salud, otras dos que prohíben discriminar mujeres embarazadas en centros educativos y de trabajo, así como una más que plantea centrar a las mujeres cuidadoras en las políticas públicas, entre otras.

La causa de este rezago en la mayoría de los casos, indicó la también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, es que las iniciativas fueron turnadas para analizarse en el grupo que ella encabeza y en las coordinaciones de Gobernaciones y Puntos Constitucionales así como la de Procuración y Administración de Justicia. Pese a los acercamientos con las presidentas de ambos grupos, Vianney García Romero del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y María del Carmen Cabrera Camacho del Partido del Trabajo (PT), la diputada no ha logrado que le den prioridad al análisis de las propuestas.

"Lamentablemente, por más que he insistido y cabildeado para poder sacar los temas pendientes con Igualdad, en ambas comisiones no he tenido suerte en que las presidentas nos puedan hacer el favor de convocar para dictaminar", agregó García Olmedo en entrevista.

El aborto, lo más polémico

De entre los pendientes por legislar a favor de las mujeres resalta el tema del aborto, pues ha habido múltiples protestas de activistas y se llevó a cabo un parlamento abierto donde se expusieron los argumentos.

Aunque hace unos días fueron presentadas dos nuevas iniciativas para despenalizar el aborto, ambas se turnaron a comisiones y tendrían que analizarse antes del 15 de julio, fecha en la que está programada la última Sesión Ordinaria de los actuales diputados.

García Olmedo, quien mantiene un conteo de las iniciativas pendientes, consideró que su aprobación será complicada y dependerá de la voluntad de los actores involucrados para que no se quede congelada junto con las otras propuestas que están sin resolverse.

"Me encantaría, es de mucha voluntad política y de mucha voluntad jurídica para que queden resueltas esas iniciativas, que no tienen otro fin más que dejar de criminalizar a las mujeres", comentó.

Congelan también la desaparición forzada

En la congeladora de la Legislatura saliente también se tiene guardada la iniciativa que expide la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla, presentada en 2020 por la morenista Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Por un lado, se han ignorado las inquietudes de familiares de desaparecidos y académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla que participaron en su elaboración y por el otro, se ignora el cumplimiento a artículos transitorios de la Ley General de Desaparición de Forzadas que exige que los 32 estados armonicen sus leyes.

"Es terriblemente delicado, porque es una instrucción que se tiene en los transitorios de la Ley federal. Ya teníamos que haber resuelto, es una tarea pendiente que tenemos en el Congreso de Puebla", criticó García Olmedo, quien también participó en la elaboración de la propuesta.

La diputada explicó que hay versiones que indican que se está elaborando una ley en la materia propuesta por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y esto atrasaría su aprobación, pues se tendrían que integrar al análisis las iniciativas previas, incluyendo la de Rodríguez Sandoval.

Activistas mantienen una campaña activa en redes sociales para recordarles a los diputados los días que les quedan para legislar y cumplir con la armonización a nivel federal.

Hasta el 24 de junio les quedaban sólo 22 días para cumplir con esa obligación.

Dejan el agua en el olvido

Un tercer tema que se dejó en la congeladora desde hace varios meses fue el de la promesa de campaña del bloque morenista de revertir las reformas que dieron entrada a la privatización del agua.

En la campaña de 2018 la revocación de la concesión a Concesiones Integrales Agua de Puebla para Todos fue uno de los temas principales que llevó a los candidatos de Juntos Haremos Historia al Congreso, sin embargo, han argumentado que no hay condiciones económicas para garantizar el servicio sin la participación de la empresa privada.

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