Armenta confirma traslado de internos del penal de San Miguel por denuncias de extorsión

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó que en los próximos días serán trasladados algunos internos del penal de San Miguel, señalados por presuntamente cometer extorsiones y amenazas contra otras Personas Privadas de la Libertad (PPL).

La medida forma parte de las acciones emprendidas por el gobierno estatal para atender las denuncias de familiares de reclusos, quienes acusaron la existencia de cobros de piso al interior y fuera del centro penitenciario y exigieron la destitución de su director.

En entrevista, el mandatario también agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su disposición para apoyar en la atención de esta problemática y aseguró que existe coordinación permanente con el Gobierno Federal.

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Luego de que la presidenta señaló que la intervención de elementos federales requiere una solicitud formal del Gobierno de Puebla, Armenta afirmó que está dispuesto a pedir el respaldo necesario.

“Es muy bueno saber que contamos con el apoyo de nuestra presidenta”, expresó.

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Trasladarán a internos señalados por extorsión en San Miguel

El gobernador confirmó que ya se trabaja en el traslado de algunos reclusos identificados en las denuncias por presuntas extorsiones y amenazas.

“Es muy probable que en estos días se trasladen a algunos reos, a los que presuntamente han estado realizando estos actos, que generan extorsión y amenaza”, declaró.

Añadió que las autoridades mantendrán vigilancia en el penal de San Miguel y que cualquier irregularidad atribuida a servidores públicos será investigada.

Armenta indicó que la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) realizan recorridos y visitas periódicas al centro penitenciario, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

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También informó que se instaló una mesa de trabajo encabezada por el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y el titular de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez González, para escuchar las inquietudes de los familiares. El gobernador sostuvo que las investigaciones se realizarán respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.

Las acciones del gobierno estatal ocurren después de que familiares de internos, el martes 10 de noviembre, bloquearon ocho vialidades de Puebla y la zona conurbada para exigir la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo.

Los inconformes lo señalaron de presuntamente proteger a internos -“Juan Carlos”, “El Mara” y “El Primo”- que realizan cobros de piso y extorsiones. También acusaron al subsecretario de Centros Penitenciarios, David Uriel Rivera, y al juez de Oralidad, Salvador Hernández Martínez.

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