La construcción de un hospital del en la comunidad de Guadalupe Ixcotla, perteneciente al municipio de Chiautempan, derivó este domingo 5 de julio en un enfrentamiento entre habitantes y elementos de la Policía Estatal de Tlaxcala, luego de que un grupo de pobladores intentó impedir el ingreso de maquinaria pesada al predio donde iniciaron los trabajos.

De acuerdo con la información difundida por autoridades y testimonios de los pobladores, la mañana de este domingo ingresó maquinaria para iniciar la construcción del hospital del IMSS-Bienestar en los terrenos de la unidad deportiva de Guadalupe Ixcotla.

Un grupo de habitantes intentó impedir el avance de los trabajos, pese a que el proyecto ya había sido avalado previamente en asambleas comunitarias y mediante consultas realizadas por el (INPI) los días 12 y 14 de junio, con el respaldo de habitantes de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe.

Ante la protesta, se desplegó un operativo de seguridad con elementos de la Policía Estatal de Tlaxcala y granaderos para resguardar la zona y permitir el desarrollo de las labores.

La tensión aumentó cuando un grupo de manifestantes rompió el cerco de seguridad instalado alrededor del predio.

Esto provocó empujones, intercambio de piedras y agresiones físicas entre civiles y policías. Para dispersar a los manifestantes y recuperar el control del lugar, los uniformados utilizaron gas lacrimógeno.

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Como resultado del enfrentamiento se reportaron al menos tres personas lesionadas y la zona quedó bajo resguardo permanente de las corporaciones de seguridad para evitar nuevos incidentes.

De manera extraoficial, se reportó la detención del presidente de la comunidad, Mariano Pinillo Romano, situación que elevó la tensión entre los habitantes, quienes permanecen inconformes con el proyecto y exigen que la obra sea reubicada.

Los inconformes reiteraron que no están en contra de la construcción de un hospital, sino que consideran que el proyecto debe realizarse en otro terreno para evitar afectaciones ambientales, viales y sociales, además de preservar los espacios deportivos de la comunidad.

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Denuncian represión y cuestionan legalidad de la obra

El presidente de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, Mariano Pinillo Romano, difundió un mensaje en redes sociales en el que lamentó la violencia registrada y aseguró que los gobiernos federal y estatal ejercieron actos de represión contra los habitantes.

El representante comunitario sostuvo que los terrenos donde se pretende construir el hospital corresponden a la unidad deportiva de la comunidad, de acuerdo con un decreto emitido en 1985.

Explicó que originalmente existió una expropiación a favor del IMSS con el compromiso de desarrollar infraestructura deportiva, entre ella una alberca olímpica, una cancha de futbol con gradas, campos de beisbol, canchas de basquetbol y voleibol, obras que -afirmó- nunca fueron construidas.

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Asimismo, señaló que el instituto incumplió con una indemnización cercana a los 15 millones de pesos y aseguró que posteriormente, en el 2001, apareció una escritura que calificó como apócrifa, ya que, según su versión, nunca fue firmada por representantes de Guadalupe Ixcotla, y dicho documento solo tenía la firma del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya y el delegado del IMSS.

Pinillo Romano también afirmó que las autoridades no han presentado estudios de impacto para la construcción del hospital y advirtió que el predio se ubica cerca de una unidad habitacional con alrededor de 400 familias, además de escuelas de nivel básico.

"No nos oponemos a la salud, pero este no es el lugar indicado; deben buscar otros terrenos", expresó en su mensaje, en el que también mostró imágenes del uso de gas lacrimógeno durante el operativo y otros objetos que los uniformados emplearon como petardos y proyectiles.


El presidente de comunidad responsabilizó políticamente de la situación al expresidente municipal de Santa Ana Chiautempan, Juan Cuautla Romano.

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Hasta el momento, las autoridades estatales y federales no han respondido públicamente a estos señalamientos, mientras el conflicto continúa y la comunidad mantiene la exigencia de liberar a su representante y reubicar el proyecto hospitalario.

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