En vísperas de culminar la LX Legislatura, sus diputados han insistido en señalarse a sí mismos como austeros y un grupo histórico por las dificultades enfrentadas, sin embargo fueron varias las polémicas con las que dejaron huella.
Dos plantones por ser omisos a problemas sociales, leyes cuestionadas incluso por violar derechos humanos, el impulso a persecuciones políticas y señalamientos contra diputados misóginos, figuran en su historial.
Los plantones ciudadanos
Las primeras en plantarse en el Congreso del estado fueron las activistas a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, que en diciembre del 2020 reclamaron durante casi un mes que los diputados no aprobaran la despenalización del aborto.
Uno de los puntos acordados fue la realización de un parlamento abierto, sin embargo sus resultados no incidieron para que el tema llegara al pleno y al final se dejó pendiente.
El segundo grupo que se plantó afuera del recinto en julio pasado, fue el de familiares de desaparecidos que reclamaron que no se aprobara una ley en la materia, a pesar de que existía una propuesta ciudadana.
Al final, los legisladores aprobaron en Sesión Extraordinaria una propuesta que en su mayoría retomó la iniciativa presentada de último momento por el gobernador Miguel Barbosa Huerta y los manifestantes se retiraron.
En tres años, el recinto legislativo también recibió otras protestas relacionadas con otros conflictos sociales como el de la privatización del agua que no se revirtió en esta legislatura o contra la contaminación y daños al medio ambiente causados por diferentes industrias.
Las leyes cuestionadas
En los últimos tres años fueron varias las leyes aprobadas por los diputados poblanos que causaron polémica por afectar a grupos sociales e ir en contra de los derechos humanos.
Esto último, por ejemplo, originó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) impulsara una cifra histórica de 17 acciones de inconstitucionalidad al argumentar que se violaron garantías.
En la lista estuvieron causas como la de discriminación por preferencias sexuales y a menores de edad, el no consultar a grupos indígenas y personas con discapacidad y el tomarse atribuciones como el cobro indebido en las leyes de ingresos de los municipios, entre otras.
Por otro lado destacó el hecho de las quejas de universidades privadas en torno a la aprobación de una Ley de Educación en 2020, pues consideraron que se ponía en riesgo su autonomía.
Los acusaron de persecución
El Congreso del estado con mayoría del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), también fue señalado por impulsar acciones de persecución política mediante revisiones a cuentas públicas.
Uno de los casos más polémicos fue el del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, a quien se le señaló públicamente por supuestas irregularidades financieras sin que se hayan comprobado.
En la revisión a las cuentas públicas también estuvieron alcaldes y exalcaldes como la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, a quien el Congreso planteó llamarla a comparecer por obras y decisiones de su gobierno.
Acusan a diputados de misóginos
Mientras que a nivel nacional hubo un auge en la discusión sobre la violencia contra la mujer, en el Congreso de Puebla dos legisladores fueron señalados por actos considerados como misóginos.
El caso más significativo fue el de Héctor Alonso Granados quien empezó siendo de Morena y acabó sin partido, entre otras razones, por realizar comentarios sobre la actividad sexual de las mujeres y por dirigirse de manera ofensiva contra diputadas.
Por hechos similares a esto último se cuestionó también a José Juan Espinosa Torres, quien además, termina la legislatura ausente de las sesiones y señalado por faltas, al encontrarse fuera de Puebla bajo el argumento de tener problemas de salud.
