El lenguaje oficial diluye la tragedia mientras el Estado delega su deuda en las familias
El domingo 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que coincide con el vigésimo aniversario de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas bajo el lema “Las víctimas primero. Acciones ya”, que reforzaba la importancia de ratificar de manera universal, como prioridad urgente la aplicación del tratado para asegurar el derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, para prevenir y erradicar esta injusticia. Sólo en México se estima que las personas desaparecidas y no localizadas suman 132,846 según datos oficiales, pero que los colectivos calculan que podría ser el doble.
Para muchas personas, hablar de desaparición en el marco de esta conmemoración parece sólo una forma oportunista de sumarse a los temas en tendencia. Ya estamos en septiembre y todo girará en torno a la patria, las fiestas, el grito de independencia y octubre llegará con un adelanto de la navidad mezclado con Halloween, Día de Muertos y Navidad. El tema de las desapariciones en nuestro país no es pasajero, y su relevancia trasciende las conmemoraciones, pero la indiferencia que muestra un sector amplio de la sociedad por el hastío que le provocan las manifestaciones de inconformidad y los movimientos sociales para exigir a las autoridades que cumplan con sus responsabilidades, en lugar de que nos mueva a la empatía y nos invite a sumar esfuerzos para exigir los derechos negados a las familias y la sociedad, pareciera dividirnos y confrontarnos.
No es casualidad que, para minimizar la gravedad de estos hechos, el lenguaje oficial utilice expresiones como “no localizadas” o “ausencias voluntarias”, las categorías administrativas sirven para disminuir el horror de las prácticas sistemáticas que desde la violencia y las tácticas del miedo nos han arrebatado a miles de personas. La práctica de usar eufemismos y categorías aparentemente neutrales o inocuas convierte la tragedia en carpetas y expedientes, la ausencia en cifras que deshumanizan a las personas y las reducen a datos que se actualizan en un registro nacional que, de no ser por los esfuerzos de familiares y personas solidarias, especialmente de las madres buscadoras que han mantenido vivo el recuerdo de sus seres queridos, los números terminarían por borrar sus rostros y sus nombres.
En otros artículos he reflexionado, a propósito de diversos tipos de violencia y sus causas estructurales, sobre la administración del miedo que no busca erradicarse, sino usarlo como mecanismo de control, esta misma lógica llevada al extremo es lo que parece dominar un Estado que no logra resolver los problemas de fondo, ya sea porque no puede o porque no quiere. Ante la urgencia que reclama acciones contundentes, con voluntad para resolver, pareciera que sólo se tienen datos, acciones paliativas y una crisis forense que ahonda las injusticias y limita el acceso a la verdad que se le debe a los familiares que buscan a sus desaparecidos.
Los tiempos que vivimos exigen volver a la recuperación del espacio común y la identidad comunitaria, anteponer el nosotros al yo, hemos privilegiado una cultura que prioriza lo privado, cultiva el individualismo y promueve un repliegue de las personas sobre sí mismas, en la que estamos y nos sentimos cada vez más solos, perdiendo la posibilidad de organizarnos para enfrentar y resolver la complejidad de los problemas globales. En este individualismo crece el resentimiento, porque nos sabemos abandonados y desvalidos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas?, ¿cómo cultivamos los espacios comunitarios que resisten en un sistema que fragmenta y polariza? Es aquí donde resulta indispensable escuchar a las y los familiares de personas desaparecidas, quienes con su búsqueda humanizan lo que la violencia trató de destruir.
Por esta razón, la crisis actual de personas desaparecidas no puede verse de manera aislada, como algo que afecta sólo a ciertas personas o sectores de la población, minimizando el problema, desinflando cifras, criminalizando a las víctimas e ignorando a sus familias mientras se capitaliza su presencia en actos públicos en tiempos electorales. Se requiere inteligencia, infraestructura, organización y mucha voluntad para superar las dificultades actuales y devolver a las familias y la sociedad algo de la deuda de verdad, justicia y reparación que el Estado mantiene.
