Seis ex funcionarios tramitaron amparos ante Juzgados Penales para evitar ser capturados por la Fiscalía de Combate a la Corrupción.

Rafael Núñez, ex edil de San Martín Texmelucan, acudió al Juzgado Tercero Distrito de Amparo en materia penal del estado de Puebla.

Bajo el expediente 326/2021, promovió con una garantía de 7 mil 800 pesos, pero será hasta el 30 de abril cuando la autoridad judicial determine si la hace válida.

Por su parte, Edmundo Tlatehui, ex director de Desarrollo Urbano y actual aspirante a edil de San Andrés Cholula, solicitó un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito.

Ahí, ofreció una garantía de 20 mil pesos, pero será hasta el 10 de mayo cuando la autoridad decida hacerla válida, como parte del expediente 322/2021.

Mientras que Sergio Quiroz, ex tesorero del municipio de San Andrés Cholula del periodo 2014 al 2018, tramitó su protección ante el Juzgado Segundo de Distrito bajo el folio 329/2021.

No obstante, el Juez le pidió que acudiera nuevamente dentro de cinco días con una copia de documentación diversa para acreditar tanto su identidad como la de su apoderado legal.

Juan Enrique Rivera, ex edil de Chignahuapan, acudió para ampararse ante el Juzgado Primero de Distrito que le otorgó una copia de la carpeta de investigación 746/2020FECC/UI-A que existe en su contra.

Por otro lado, la autoridad le dijo que el fallo sobre su protección lo resolverá hasta el 25 de abril durante una audiencia.

Finalmente, al Juzgado Segundo de Distrito acudieron David Edgardo Huerta, presidente municipal de Tepeaca del periodo 2014 al 2018 y Jorge Benito Cruz Bermúdez, ex magistrado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Sin embargo, la autoridad judicial también les dijo que tienen que esperar a que emita los fallos en audiencias que aún no tienen fecha.

Cabe recordar que apenas el pasado 13 de abril los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) aprehendieron a Leoncio Paisano, ex alcalde de San Andrés Cholula, quien fue enviado al Penal de San Pedro Cholula por un Juez de Control que lo vinculó a proceso por los delitos de malversación de fondos y abuso de autoridad.

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