Como parte del constituyente permanente y partícipes de la transformación de la vida pública del país, los diputados del Congreso del Estado de Puebla aprobaron diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expuso el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez al presentar el Segundo Informe de Actividades de la LXII Legislatura.

Detalló que el Congreso del Estado avaló las modificaciones en materia de Soberanía, extorsión, feminicidio, fijación de límites a jubilaciones y pensiones en entidades públicas, ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, ordenamiento presupuestal de las Legislaturas, y la reestructuración en la integración de ayuntamientos.

De la misma forma, la LXII Legislatura aprobó reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para reconocer el desarrollo integral, bienestar y vida libre de violencia para la infancia y la adolescencia.

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Las modificaciones también contemplaron adoptar un enfoque bioético y humanista en el servicio público y el gasto social; garantizar el acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad u órgano y la protección de datos personales; incorporar el principio de progresividad en materia ambiental, así como la mitigación de emisiones y adaptación climática.

Asimismo, establecer un límite imperativo a jubilaciones y pensiones en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos. Además, armonizar a nivel municipal la paridad vertical y horizontal en la representación política, contemplar un máximo de 15 regidurías, y la prohibición del nepotismo directo en candidaturas. Mediante las reformas a la Constitución, también se limita el presupuesto anual del Congreso, considerando como máximo el 0.70% de Presupuesto de Egresos del Estado.

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Finalmente, Pável Gaspar indicó que se homologó la legislación relacionada con el Poder Judicial local para la elección, la integración de cargos, juzgadores y la cobertura de vacantes; y se estableció como causal de nulidad de elecciones la intervención extranjera.

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